COMUNICADO DE PRENSAAVDA
Asociación Vecinos Defensa del Ambiente
General Daniel Cerri,
22 de Febrero de 2012
Asociación Vecinos Defensa del Ambiente
General Daniel Cerri,
22 de Febrero de 2012
EN UN ESTADO DE DERECHO NADA PUEDEHACERSE VIOLANDO LA LEY
AVDA Gral. DANIEL CERRI, ensu calidad de parte actora en los autos “Asoc. Vecinal en Defensa del AmbienteGral. Daniel Cerri c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y OPDSs/AMPARO, actuaciones radicadas en el Juzgado Correccional Nº 3 de la Circunscripción Judicialde Bahía Blanca, al advertir el despliegue de actitudes de abierto despreciopor la vigencia de la Leyy el rol de las instituciones, se ve en la obligación de informar a lapoblación el verdadero estado en que se encuentra el conflicto planteado ensede judicial en el que hemos impugnado la obra de Dragado del canal de Accesoa Puerto Galván.
La obra cuyo contrato fuefirmado para dragar la Ríasegún se anunció el pasado martes 21 de febrero, se encuentra impugnada poresta Asociación por considerar NULA la Declaración de Impacto Ambiental que le otorgarael OPDS.
Tal impugnación en sedejudicial no puede desconocerla el Presidente del Consorcio de Gestión delPuerto, Cr. Borelli, porque se ha notificado de nuestra demanda, y también sabede la ampliación de la misma. Los plazos procesales se encuentran en curso, estaAsociación ha pedido el dictado de una medida cautelar que impida el inicio delas obras, ello le fue negado, y esa negativa se encuentra apelada. La justiciaresolverá.
Tampoco puede decirse ahoraque la obra no tiene relación con el llamado “Proyecto YPF” cuando en la Audiencia Publicadel 16 de Noviembre pasado, el entonces intendente y actual MinistroBreitersten, el entonces Presidente del Puerto y actual Director ProvincialOtharan dijeron de forma clara y contundente que esta obra era esencial para elProyecto que en esa Audiencia NULA llamaron a discutir, con el agravante queeso mismo esta expresamente escrito en el documento “EIA Dragado” quedifundieron públicamente.
Contratar una obra que puedeafectar el ambiente sin saber dónde y cómo se dispondrán sus residuos (porqueel refulado es eso: RESIDUOS), en la Provincia de Buenos Aires y en la República Argentinaes ILEGAL y ANTIJURIDICO, porque ello significa que NO HAY ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL. No puede hacerse una obra como esta sin contar con la Declaración de ImpactoAmbiental.
Las declaraciones del Cr.Borelli son graves en varios sentidos:
1) Porque denotan que, o bien NO HAY ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL, y la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL que se emitió por Disp.4121/2009 del OPDS carece de fundamento, o bien si lo hubiera, el Directoriodel CGPBB encabezado por el Cr. Borelli está dispuesto a proceder por vía dehecho ignorando lo que el documento dice, ya que manifiesta que se “estáestudiando” dónde se van a disponer los refulados. Eso es ABIERTAMENTE ILEGAL yel Cr. Borelli NO PUEDE IGNORARLO, aunque no sea abogado. Esto es grave, porqueestamos ante el Presidente de una Entidad Publica que hace militancia de laviolación de la Ley.
2) Porque denota de parte del Directorio del CGPBBencabezado por el Cr. Borelli un absoluto desprecio por uno de los poderes de la República: LA JUSTICIA. Si la obrase hará o no, a esta altura, depende de lo que diga LA JUSTICIA. El Cr.Borelli, a través de la información que ha sido difundida en un marco enfiladoa presentarla como veraz y seria, pretende pasar por encima de la investidurade los magistrados, del juez de grado y de la Cámara de Apelaciones, que son los que tienen quedecidir. Esto es grave, porque estamos ante el Presidente de una EntidadPublica que hace militancia del desprecio por las Instituciones de la Constitución.
3) Porque además, las condiciones oscuras, tortuosas ymanifiestamente confusas con las que se maneja el DINERO PUBLICO constituyen unabierto desafío no solo a la Leyvigente sino también a NORMAS ETICAS ELEMENTALES que a ningún funcionario en elejercicio de la gestión pública, se le debe permitir. En ningún caso puedeinvocarse el reglamento de una Entidad Publica autárquica no estatal en contrade la Ley. laJusticia de la Provinciade Buenos Aires, ya tuvo oportunidad de fallar y pronunciarse en un caso en elque una entidad portuaria realizó una contratación de dragado en forma directa,y fue clara: no lo pueden hacer con dinero público.
Por otra parte, la confesión del Director del CGPBBde la existencia de una situación de urgencia para la realización de la obra,no hace sino resaltar la irresponsabilidad de quienes debieran obrar enresguardo de bienes que son de interés prioritario para la República en suconjunto. Acá no estamos hablando de instalaciones deportivas localizadas a lavera de algún hermoso lago que si no se conservan afectan los intereses dealguna pequeña comarca dedicada al turismo. Acá estamos hablando del principalpuerto de aguas profundas de la República, cuyo funcionamiento es estratégico y vital no solopara la ciudad de Bahía Blanca, no solo para la Provincia de BuenosAires en su conjunto, sino para la República toda, ya que por este puerto se canaliza elcomercio exterior de bienes provenientes y con destino a toda la Nación, de cuyo tránsitodepende muchas veces el normal ritmo de la producción en fábricas yestablecimientos de todo tipo que aseguran el trabajo de los Argentinos. Ensemejante escenario, venir a plantear que una obra debe hacerse aun sinrespetar la Ley ysin esperar la decisión judicial, es concretamente intentar presionar a lasociedad para que se desprenda de su derecho y cese de exigir el cumplimientode la Ley. Estasalegaciones son totalmente inadmisibles. Si como ha dicho el Cr. Borelli laobra es VITAL y ABSOLUTAMENTE NECESARIA y tales circunstancias tornanimperativo el inicio de las mismas aún sin esperar la decisión judicial, sinsaber donde se va a poner el refulado, sin haber informado en su momento a lapoblación, y sin respetar el ordenamiento legal en cuanto a la disposición deldinero público, el Directorio del Puerto, que sería responsable de haberllegado a esta situación, debería renunciar.
Esta Asociación Vecinal defenderá el Ambiente que es suobjeto en el marco de la Leyy el Estado de Derecho, sin ceder a provocaciones, sin dejarnos impresionar poraudacias e irresponsabilidades y sin caer en posiciones irracionales y carentesde fundamento científico o legal.
Defenderemos el ambiente en forma armónica con ladefensa del trabajo, el patrimonio y el progreso cultural, social y materialarmados de instrumentos simples pero tan fuertes que difícilmente puedan servencidos: LAS IDEAS, LAS INSTITUCIONES y la LEY.
RaúlAnibal Martin – Presidente
JulioAlessandroni – Vice Presidente





























